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Tras una nueva sentencia, esta vez del Juzgado de lo Social de Cuenca

CCOO insta a la radiotelevisión regional a resolver «la conflictiva cesión ilegal de trabajadores en sus centros territoriales»

CCOO-FSC ha instado al Ente Público de Radio Televisión de Castilla-La Mancha a resolver «de una vez» la «conflictiva» situación de «cesión ilegal de trabajadores» que afecta «a los operadores de cámara y conductores de equipos móviles de sus centros territoriales, subcontratados a través de empresas privadas a las que textualmente se encomienda servicios de producción de programas informativos, actividad que constituye el objeto social básico de Castilla-La Mancha Media».

Buena parte de las personas afectadas -en torno a 40- están inmersas desde hace años en procedimientos judiciales de reclamación de derecho por considerar que son objeto de cesión ilegal de trabajadores proscrita en el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores. En algunos casos, las demandas incluyen reclamaciones de cantidad, puesto que hay contratas que incurren en impagos.

Hay demandas interpuestas hace años que siguen en los juzgados de lo Social; otras, al menos cinco, han llegado ya al Tribunal Supremo, al que ha acudido el Ente Público en casación frente a las sentencias del TSJ-CLM que declaran la existencia de cesión ilegal de trabajadores.

El pasado 28 de marzo, el Juzgado de lo Social nº1 de Cuenca emitió una nueva sentencia en este mismo sentido, declarando textualmente que “atendida la doctrina jurisprudencial y la prueba practicada, cabe apreciar la existencia de cesión ilegal de los trabajadores demandantes por parte de la actual adjudicataria Servicios Audiovisuales Overon SL a la entidad Ente Público de Radiotelevisión de CLM».

Esta sentencia de instancia «responde las demandas en reclamación de derecho y cantidad interpuestas hace ya tres años por las cinco personas, cuatro hombres y una mujer, que vienen trabajando como operadores de cámara en el centro territorial de RTV CLM en Cuenca para grabar las noticias que la Televisión de CLM encarga cubrir a la adjudicataria del contrato de Servicios de Producción de Informativos en Centros Territoriales correspondiente a esa provincia», apunta CCOO.

Esta contrata se le concedió inicialmente a la empresa “Desarrollo y Publicidad de Castilla-La Mancha”. En 2012, el contrato se le adjudicó a Videac SA. En 2015, a Videac SAU y Factoría Plural SL CMT UTE. En 2018, ganó el concurso Triakonta, que renunció a la adjudicación, por lo que la contrata se le ofreció a la empresa caficada en segunda posición, On Time TV, que también renunció; y finalmente a Servicios Audiovisuales Overon SL.

Cada una de las sucesivas empresas adjudicatarias de la contrata ha ido subrogándose, como es obligado, a la plantilla de su predecesora. Unas u otras vienen incurriendo en impagos salariales al menos desde mayo de 2017, además de encuadrar a los trabajadores en un grupo profesional distinto al debido, como ‘operadores montadores’ en vez de como ‘operadores de cámara’.

De resultas de todos estos avatares, sucintamente relatados aquí (os adjunto la sentencia), los cinco trabajadores objeto de cesión ilegal en el centro territorial de RTV-CLM de Cuenca dejaron de cobrar cantidades que van desde los 10.000 a los 20.000 euros, cuantías que reclaman a tres contratas sucesivas y al propio ente público.

CCOO recurrirá la sentencia en lo referido a las cuantías salariales reconocidas, rebajadas por la magistrada de lo Social de Cuenca al entender prescritas varias mensualidades.

“El sindicato quiere que las personas afectadas cobren todo lo que se les debe. Pero quiere sobre todo que, como subraya la sentencia del juzgado conquense, se reconozca que estos trabajadores, cuatro hombres y una mujer, han sido durante años objeto de cesión ilegal, con las consecuencias que de ello se derivan y que, en resumidas cuentas, debe concluir con su incorporación a la plantilla de su empresario real, el ente publico de RTV-CLM”, señala Lola Cachero, secretaria general de CCOO-FSC CLM.

El abogado externo del Ente Público, sin embargo, ya anunciado que recurrirá justamente este extremo, la declaración de la existencia de cesión ilegal de trabajadores, acudiendo en suplicación ante el TSJ CLM; como también ha venido recurriendo todas las sentencias de primera o de segunda instancia que han coincidido en apreciar la existencia de cesión ilegal de trabajadores a la RTV-CLM por parte de sus contratas.

Así, el ente público ha acudido en casación ante el Supremo contra las sentencias emitidas por el TSJ-CLM confirmando la cesión ilegal. El Supremo aún no ha resuelto, si bien su Fiscalía sí ha emitido ya sus preceptivos informes, en los que ratifica el criterio del TSJ-CLM.

“Creemos que ya es hora de que la RTV CLM abandone la vía judicial y dé una solución definitiva a todos los trabajadores y trabajadoras afectados/as, una solución que no puede ser sino su incorporación a la plantilla del ente público. Nos parece tan indeseable como injustificable, e incluso incomprensible, el afán del Ente Público de subcontratar tareas que constituyen el objeto central de su propia existencia”, señala Cachero.

“Es evidente que no hay ahorro sustancial en la interposición de empresas. Puede que incluso al contrario, dado que a los costes laborales hay que añadir el lucro empresarial. Tampoco aportan las contratas una especial eficiencia en la organización del trabajo, alguna innovación tecnológica o cualquier otro valor añadido que merezca algún reconocimiento. Simplemente, ordenan a los trabajadores, que se van subrogando unas a otras, acudir a grabar allá donde lo requiere la Televisión de CLM. Lo único que aportan estas empresas interpustas, esporádicamente pero de forma recurrente, son impagos e incumplimientos para con los trabajadores; además de burocracia, pleitos, gastos y quebraderos de cabeza para el propio Ente Público».

“Y ni siquiera cabe argumentar que con este modelo de subcontratación se impulsa el crecimiento en la región de un tejido empresarial en el sector audiovisual”, advierte Cachero: Las sucesivas empresas beneficiadas con las adjudicaciones del “Contrato de Servicios de Producción de Informativos” en el centro territorial de Cuenca son todas de fuera de CLM, salvo la primera, “Desarrollo y Publicidad de CLM”, que está hace mucho tiempo en concurso de acreedores.

También eran de CLM, en concreto y respectivamente de Talavera y de Toledo, la primera y segunda adjudicatarias del concurso de 2018, Triakonta y On Time TV, pero ambas renunciaron sin llegar siquiera a formalizar el contrato, que finalmente se quedó Overon SL, del Grupo Mediapro.

“Así la cosas”, señala Cachero, “consideramos que no hay justificación ninguna para insistir en mantener un modelo de externalizaciones cuestionado una y otra vez por los tribunales; que no aporta mejoras organizativas, valor profesional ni ahorro económico el Ente Público; que en ocasiones deriva en incumplimientos patronales con daños graves para los trabajadores, a los que además se les mantiene en la precariedad y sometidos a una situación legalmente conflictiva, además de injusta e impresentable».

“Es cierto que aun falta el marchamo del Supremo para que adquieran la firmeza las declaración judiciales de la existencia de ‘cesión ilegal de trabajadores’ en la relación de RTV-CLM y sus contratas de los ‘servicios de producción informativa en Centros Territoriales’. Pero incluso en el supuesto de que el Tribunal Supremo concluya avalando la legalidad de la práctica externalizadora del Ente Publico de RTV-CLM, seguiremos sin saber qué ventajas aporta, o a quién. No nos parece que sea un modelo defendible».

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