La situación "injusta y discriminatoria" que arrastran desde hace muchos años 39 operadores de cámara, dos de ellos de Puertollano, que trabajan para contratas de CMM Media ha sido este jueves objeto de denuncia en una rueda de prensa de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-CLM, en la que ha intervenido su secretaria general, Lola Cachero, y Juan Carlos Catalán, delegado de Personal en una de las contratas de CMM. Con ellos ha intervenido también el secretario general de Comisiones Obreras Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa. Todos han pedido voluntad política al ente y al Gobierno regional para integrar a este grupo de trabajadores en la plantilla. Las personas afectadas prestan servicio en Albacete (8 cámaras), Alcázar (4), Ciudad Real (5), Cuenca (5), Guadalajara (4), Madrid (6), Puertollano (2) y Talavera (5). Tal y como ha informado el sindicato en rueda de prensa.
En la rueda de prensa se han expuesto los detalles de la situación de este colectivo. “Defendemos la necesidad de que todas las personas que trabajan bajo la dirección de una empresa pertenezcan a esa empresa, son personas que están codo con codo a diario con quienes sí pertenecen al ente público, y hasta ahora no ha habido manera de hacer entender que deben ser trabajadores públicos”, ha asegurado Paco de la Rosa.
El colectivo tiene el apoyo de CCOO-CLM, ha dicho su secretario general, que ha añadido que “es un mal precedente que estas personas no formen parte de CMM Media; en los tiempos que corren hay que apostar por servicios públicos de calidad, con empleados públicos”.
De la Rosa ha subrayado la “brecha salarial” que hay entre quienes trabajan en plantilla y quienes lo hacen para una productora subcontratada, “pero no es solo cuestión de dinero, es algo tremendamente justo; lanzamos el guante al ente público y a la Junta, tenemos la mano tendida para solucionarlo”.
Y es que las diferencias en las condiciones de trabajo son significativas. El convenio estatal que marca el salario base que reciben los cámaras de las productoras les deja muy cerca del SMI aprobado, 14.250 euros brutos anuales, muy lejos del salario abse del convenio de la empresa pública. En 10 años, un cámara en una contrata recibe 123.000 euros menos que los que trabajan como plantilla de CMM Media. “Somos trabajadores que nos sentimos parte de CMM Media, estamos en la tele, trabajamos en la tele, no conocemos a nuestros jefes de las productoras; algunos no es que lleven 10 años, es que llevan desde el principio”, ha denunciado Juan Carlos Catalán, delegado de Personal en una de las contratas de CMM Media.
El colectivo suma 39 cámaras, personal repartido en diferentes productoras adjudicatarias de los servicios de Madrid, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Alcázar de San Juan, Puertollano y Talavera de la Reina (solo en Toledo los cámaras sí son plantilla de CMM). “Nos sentimos muy discriminados, hacemos lo mismo que los compañeros que sí son plantilla; en todo este tiempo hemos pasado por cinco productoras diferentes sin que sepamos quiénes son”, ha denunciado.
Juan Carlos Catalán ha explicado que el conflicto laboral está aún en vía judicial, “ha llegado al Tribunal Supremo”, pero esperan sensibilidad de la empresa y la administración para solventar la situación, “más ahora que la reforma laboral aborda las subcontratas, entendemos menos aun que 39 personas que somos cámaras de la tele, de informativos, no seamos plantilla”.
Por su parte, Lola Cachero, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, ha apelado a “la voluntad política” del Gobierno regional y el ente público para poner fin a “un agravio comparativo que no tiene razón de ser; ya está bien, ya es hora de que estas 39 personas formen parte de una vez de la plantilla”.
Cachero ha ofrecido de nuevo diálogo para corregir la situación y ha pedido a su vez “que se cese en cualquier tipo de privatización de servicios, el personal que debe estar dentro del ente, que entre, y que no se planteen nuevas privatizaciones, porque no es ese el planteamiento que debe tener un Gobierno progresista”.
La FSC defiende “servicios públicos prestados por personal público, y que se clarifique la situación jurídica de todo el personal, porque con la norma que pretende reducir la temporalidad encontramos situaciones difusas y de inseguridad”.
