El presidente del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha preguntado al Gobierno regional por el coste total que destina a la atención de los inmigrantes ilegales, en la sesión plenaria de hoy.
Moreno ha subrayado que la acogida de inmigrantes ilegales es incompatible con el Estado del Bienestar, ya que “tiende a generar gastos que nuestra región no puede asumir, una contribución negativa para la economía y una saturación de los servicios públicos”.
En este sentido, el presidente del Grupo Parlamentario VOX ha desmontado la falsa creencia impulsada por el bipartidismo PP-PSOE, según la cual la inmigración sería la solución a la emergencia demográfica y a la demanda de mano de obra en ciertos sectores y ha pedido al presidente de la Junta de Comunidades que explique “de dónde va a sacar los recursos necesarios para acoger a los más de 320 menas que Pedro Sánchez ha impuesto a Castilla-La Mancha “tanto en cuanto los servicios públicos ya se encuentran saturados y las plazas de atención a menores están ocupadas al 98%.
"El respaldo de los datos oficiales"
Las conclusiones expuestas por VOX cuentan con el aval del Informe de la Fundación Disenso sobre el impacto económico de la inmigración en el Estado de Bienestar, un documento elaborado a partir de fuentes públicas y oficiales como el Instituto Nacional de Estadística, la Encuesta de Población Activa, el Ministerio de Hacienda y la Seguridad Social.
Este informe demuestra que la inmigración actual no garantiza la sostenibilidad de las pensiones, sino que genera un saldo fiscal negativo millonario y aumenta la presión sobre los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y las ayudas sociales.
Vox exige "responsabilidad y transparencia"
Moreno ha recordado que, mientras el Gobierno de Sánchez insiste en imponer un relato falso sobre los supuestos beneficios de la inmigración masiva, ilegal y desorganizada, son los castellanomanchegos quienes sufren las consecuencias de unas políticas irresponsables que ponen en riesgo el futuro de nuestros jóvenes, la sostenibilidad de las pensiones y la calidad de los servicios públicos.
“Castilla-La Mancha no puede seguir pagando las consecuencias de la inmigración ilegal ni permitir que el dinero de los contribuyentes se destine a financiar políticas que destruyen nuestro Estado del Bienestar”, ha concluido.
