El Gobierno regional de Castilla-La Mancha ha rechazado la enmienda presentada por el grupo popular a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2026, que proponía el inicio de los estudios administrativos necesarios para el reconocimiento de la categoría profesional de Técnico en Emergencias Sanitarias (TES).
La enmienda tenía como objetivo dar el primer paso formal para analizar y desarrollar el encaje administrativo y normativo de esta categoría profesional, atendiendo a una demanda histórica del colectivo de Técnicos en Emergencias Sanitarias, que desempeñan un papel esencial en la atención prehospitalaria y en el sistema de salud de Castilla-La Mancha.
Pese a que la propuesta no implicaba una aplicación inmediata, contemplaba una dotación económica mínima y se limitaba únicamente a la realización de estudios técnicos y administrativos previos, el Ejecutivo autonómico ha decidido no incorporarla al proyecto presupuestario para 2026.
Desde el sindicato USO se lamenta esta decisión, al considerar que supone “posponer nuevamente el avance hacia el reconocimiento profesional de un colectivo sanitario clave, cuya formación, responsabilidades y funciones han evolucionado de forma significativa en los últimos años”. Asimismo, se señala que este colectivo cumple con lo establecido en el Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, donde se recoge la formación necesaria para el desempeño de sus funciones.
Desde el colectivo de Técnicos en Emergencias Sanitarias se sostiene que “si el Gobierno regional apuesta por profesionales formados conforme a lo que establece la ley, resulta imprescindible avanzar en el reconocimiento real de esta categoría profesional”. En este sentido, se reclama “dejar de ser clasificados exclusivamente como conductores, una denominación que no refleja ni la formación ni las funciones que se desempeñan”.
Las labores de los Técnicos en Emergencias Sanitarias no se limitan a la conducción de ambulancias, sino que incluyen la atención directa a los pacientes, la asistencia sanitaria prehospitalaria y la intervención en situaciones de urgencia y emergencia, tal y como establece su capacitación profesional.
Cabe destacar que la propia Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario del SESCAM, en su Memoria de 2024, reconoce de forma expresa que más del 85 % de los avisos realizados en Castilla-La Mancha son atendidos por Técnicos en Emergencias Sanitarias sin la presencia de facultativo o personal de enfermería. Este dato evidencia el papel esencial que desempeña el colectivo dentro del sistema sanitario regional.
A la vista de esta realidad, se considera “justo y necesario que se inicien estudios administrativos que permitan analizar la situación profesional y valorar el posible reconocimiento de la categoría de Técnico en Emergencias Sanitarias por parte del Gobierno regional, como primer paso hacia una regulación acorde a sus funciones, responsabilidades y contribución al sistema público de salud”.
Asimismo, se subraya que el rechazo de la enmienda “no resuelve la situación actual de los TES en Castilla-La Mancha”, que continúan reclamando una regulación acorde a su cualificación y a la importancia de su labor dentro del sistema sanitario y de emergencias.
Resulta llamativo comprobar cómo en otras comunidades autónomas esta demanda sí está siendo atendida de manera favorable por sus respectivos gobiernos. Un ejemplo reciente es el Gobierno de Aragón, que ha aprobado el inicio de un proceso similar para el reconocimiento de la categoría profesional de Técnico en Emergencias Sanitarias.
Este precedente demuestra que “la apertura de estudios administrativos y el análisis del encaje profesional de los Técnicos en Emergencias Sanitarias es viable y asumible”, y pone de manifiesto la desigualdad de trato existente entre comunidades autónomas. Por ello, se reitera la necesidad de que el Gobierno regional de Castilla-La Mancha adopte una posición acorde con la realidad del sector y con las decisiones que ya se están implementando en otros territorios.
Desde el grupo popular se ha reiterado su compromiso de seguir trabajando para que esta reivindicación sea atendida en futuros debates parlamentarios y presupuestarios, confiando en que “se abra un proceso de diálogo que permita avanzar hacia una solución justa y consensuada”.
