CCOO-CLM lamenta que la Ley de Simplificación Administrativa sigue adelante "pese a sus evidentes perjuicios a ciudadanía y a servicios públicos"

La FSC de CCOO Castilla-La Mancha lamenta que la Administración autonómica, lejos de atender las reiteradas propuestas del sindicato —que, entre otras aportaciones al texto, solicitaba la retirada del Título IV—, haya anunciado, a través del vicepresidente primero de la región, que el Consejo de Gobierno dará mañana martes el visto bueno al proyecto.

Pese a que el presidente regional, Emiliano García-Page, defiende que esta ley se basa en la «colaboración público-privada», la realidad es que la Ley de Simplificación amenaza a los servicios públicos con una nueva disminución de las plantillas de empleo público, ya actualmente muy mermadas.

La FSC de CCOO CLM advierte de que son numerosas las competencias públicas esenciales que podrían pasar a manos privadas mediante las denominadas Entidades Colaboradoras (Título IV).

A estas entidades se les atribuyen, literalmente, “funciones de comprobación, inspección y certificación en determinados procedimientos y áreas de la Administración Regional”, funciones que hasta ahora han sido exclusivas del personal funcionario. Entre las áreas afectadas se encuentran los Servicios Sociales, la Sanidad, el Urbanismo, la Gestión forestal, la Calidad ambiental, la Economía circular, la Actividad cinegética, el Patrimonio cultural, la Promoción empresarial, el Trabajo, el Empleo, la Formación Profesional y el Turismo, así como cualquier otra materia competencia de la Administración Regional.

Bajo el pretexto de agilizar trámites, la ley abre la puerta a la iniciativa privada en ámbitos especialmente sensibles, otorgando un protagonismo especial a la figura de la Declaración Responsable. Este mecanismo podría ser utilizado por las Entidades Colaboradoras tanto para constituirse como tales como para sustituir autorizaciones, licencias y otras formas de control administrativo. Esta forma de actuación representa un riesgo grave de perjuicio irreversible tanto para el interés general como para los intereses particulares de la ciudadanía y de la propia Administración. Un perjuicio que, en muchos casos, difícilmente podría ser reparado.

Otro aspecto especialmente preocupante es el modelo de financiación previsto para estas entidades, basado en el cobro de una prestación económica a las personas que requieran sus servicios, ya sea en forma de tasa o tarifa. Esta medida implica la mercantilización de los derechos de la ciudadanía, generando desigualdades en el acceso a la Administración: quienes puedan pagar accederán a una vía rápida a través de estas entidades, mientras que quienes no puedan hacerlo quedarán relegados a una gestión administrativa más lenta.

Para hacer posible este modelo, el anteproyecto contempla la modificación de varias leyes: la de Vías Pecuarias, la de Montes y Gestión Forestal Sostenible, la de Servicios Sociales, la de Patrimonio Cultural, la de Caza, la de Economía Circular y la de Evaluación Ambiental.

La FSC de CCOO Castilla-La Mancha subraya que una Administración más moderna y ágil es un objetivo compartido por todos los agentes sociales. Sin embargo, esta ley no solo no garantiza dicha modernización, sino que debilita la estructura pública encargada de garantizar los derechos de la ciudadanía, abre la puerta a su gestión por entidades privadas, genera desigualdades económicas en el acceso a servicios básicos y permite actuaciones sin supervisión pública cuyos efectos podrían ser irreparables.