El Gobierno de Castilla-La Mancha ha ejecutado el 100% de los recursos puestos a disposición de la Junta dentro del Plan de Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), que ha estado dotado de 20,6 millones de euros, tras la finalización de las obras de conservación y rehabilitación del inmueble situado en la calle Trinidad de la ciudad de Toledo. Una estrategia que persigue modernizar los espacios de la Administración regional y hacerlos más accesibles y eficientes.
Así lo ha indicado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en declaraciones a los medios de comunicación previas a la visita que ha realizado al edificio que va a albergar, como anteriormente se hacía, la sede de la Delegación Provincial de esta Consejería, en la que van a trabajar unos 70 empleados y empleadas públicos y se prevé la atención de alrededor de 15.000 personas al año.
Durante su intervención, el consejero ha explicado que las obras han supuesto una rehabilitación del edificio, “actuando sobre 2.300 metros cuadrados”, que ha permitido conservar su estructura original, al tiempo que se ha adaptado a las necesidades actuales y ha apostado por la “accesibilidad, la funcionalidad y unos espacios de trabajo modernos y eficientes”.
Donde además se ha puesto mucho énfasis en “mejorar su eficiencia energética” para reducir el consumo, gracias, entre otras medidas a la instalación de sistemas de climatización y aerotermia, que contribuirán a un funcionamiento más sostenible de las instalaciones.
Una inversión de siete millones de euros
En este mismo contexto, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha explicado que el edificio, cuyas obras han durado 20 meses, se encuentra ya preparado para para iniciar la fase de equipamiento y puesta a punto de sus dependencias para que pueda estar plenamente en funcionamiento a partir del próximo mes de septiembre y ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía.
Una actuación, ha dicho, que ha supuesto una inversión de siete millones de euros, de los que el 40% han sido cofinanciados a través de los Fondos Europeos Next Generation, dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP). Una iniciativa, que ha sido “un éxito”, ya que ha permitido modernizar infraestructuras administrativas, mejorar la eficiencia energética de los edificios y ofrecer espacios más accesibles y funcionales para la prestación de los servicios públicos.
Además, ha recordado que esta actuación ha constituido un ejemplo de la buena gestión que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se está haciendo de estos fondos, situando a la región entre las comunidades autónomas con mejores resultados en la gestión de los recursos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
Un compromiso con la recuperación y modernización del patrimonio público
Aprovechando su intervención, Ruiz Molina ha tenido unas palabras de agradecimiento para los profesionales que han participado en la ejecución del proyecto, tanto a la dirección de obra (Millla, Mira y Navarro y Trasdos Arquitecturas) y a la empresa constructora (GYOCIVIL), “por su magnífico trabajo que han venido desarrollando en edificios históricos del Casco Antiguo de Toledo”.
Y ha concluido señalando que con esta intervención, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha reafirmado un compromiso del presidente García-Page con la recuperación y modernización de todos los espacios administrativos, la revitalización del Casco Histórico de Toledo, pensando con ello en la mejora de “la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía”.
Poner énfasis en el coste real de la prestación de los servicios
A preguntas de los periodistas sobre financiación autonómica, el consejero ha explicado que el Ministerio de Hacienda comunicó a la Consejería el 1 de junio su intención de celebrar reuniones bilaterales con las comunidades autónomas para abordar el modelo de financiación y el día 2, al siguiente, manifestamos nuestra voluntad de dialogar al respecto e, incluso, “cancelar mi agenda” y, además, aprovechar para solicitar documentación más técnica y extensa respecto a esa propuesta de financiación, ya que el Gobierno regional solo cuenta con el Power Point que se repartió a los medios de comunicación; y, así, conocer los cálculos y la evolución hasta 2027.
Asimismo, Ruiz Molina ha continuado señalando que el interés del Gobierno autonómico es explicar cuál es la propuesta de financiación que tiene Castilla-La Mancha; “lo venimos haciendo desde 2017 y no nos hemos movido un ápice en este sentido. Lo hicimos con el ministro Montoro y con la ministra Montero y no tengo inconveniente en explicarlo de nuevo”, ha resumido. Igualmente, ha adelantado que esta propuesta es “diametralmente diferente al modelo que han pactado el Gobierno central y ERC”, porque adolece de que no ha sido con carácter multilateral, sino de manera bilateral entre el Gobierno español y un partido independentista.
Ruiz Molina ha reiterado que el modelo de financiación que defiende Castilla-La Mancha tiene que poner el énfasis en el coste real que les supone a las comunidades autónomas prestar los servicios que son de su competencia y no basarse en la capacidad tributaria de un territorio. Y es que, hay que recordar que los “servicios públicos los reciben y los pagan los ciudadanos y no los territorios”, ha remarcado.
Y ha concluido recordando que el modelo presentado por el Ejecutivo central es de “privilegios” para una comunidad autónoma que “no garantiza en absoluto el principio de igualdad” que para Castilla-La Mancha significa que los ciudadanos, independientemente de su capacidad económica o tributaria, deben recibir los mismos servicios de calidad en comparación con otras regiones. Por tanto, ha apostillado que es un modelo que “no debe salir adelante”.
En la visita, el consejero ha estado acompañado por el viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Eusebio Robles; el delegado de la Junta en la provincia, Álvaro Gutiérrez; la secretaria general de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Macarena Sáiz; la delegada de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en Toledo, Maria Castaño; así como los responsables de la empresa constructora y la dirección facultativa.
