El Gobierno de Castilla-La Mancha ha advertido de que no existe una negociación real sobre la reforma del sistema de financiación autonómica porque el modelo que el Ministerio de Hacienda ha trasladado a las comunidades autónomas ya está pactado previamente con Cataluña, y reproduce el acuerdo alcanzado con ERC el pasado mes de enero.
Así lo ha manifestado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la rueda de prensa que ha ofrecido este martes, en el toledano Palacio de Fuensalida, para trasladar la última información relacionada con la financiación autonómica, previa a la reunión del comité técnico convocada para mañana y como paso previo al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) previsto para el próximo 29 de julio.
Ruiz Molina, que ha estado acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández, ha explicado que la documentación recibida oficialmente el pasado viernes para preparar esa reunión técnica es, básicamente, “la reproducción” ya no en forma de Power Point, sino en forma de acuerdo de 70 páginas, de lo que ya anunció el pasado mes de enero la anterior ministra Montero, sin incorporar cambios ni modificaciones respecto al acuerdo ya conocido.
Por ello, ha rechazado que pueda hablarse de una negociación real, “no puede calificarse como negociación un proceso en el que el modelo ya está cerrado de antemano”, y ha cuestionado que las aportaciones que puedan realizar ahora las comunidades autónomas tengan capacidad para modificar un acuerdo previamente alcanzado y escenificado, ya que “sería inaudito”.
En este sentido, ha asegurado que las comunidades se enfrentan a un auténtico “contrato de adhesión” en el que no hay “ningún margen de negociación”, ya que únicamente pueden aceptar o rechazar un modelo previamente pactado, sin margen efectivo para negociar su contenido.
Un modelo que genera privilegios y rompe el principio de igualdad
En esta línea, el consejero ha reiterado que Castilla-La Mancha rechaza la propuesta del Gobierno de España porque considera que establece un sistema “profundamente injusto”, al generar privilegios para una comunidad autónoma que se traducen necesariamente en agravios para el resto.
Asimismo, ha señalado que es una propuesta claramente “regresiva”, y ha criticado que el modelo incorpore el principio de ordinalidad defendido por los partidos independentistas, al entender que consolida un sistema en el que los territorios “con mayor capacidad económica disponen también de más recursos para prestar los servicios públicos”. Que trasladado al IRPF significa que “quien paga más IRPF, porque tienen más capacidad económica, tienen derecho a recibir mejor sanidad o educación”.
Frente a ello, Ruiz Molina ha reivindicado que este principio de ordinalidad es “incompatible” con el principio de igualdad que siempre ha defendido el Gobierno de Castilla-La Mancha, de forma que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder al mismo nivel de calidad en los servicios públicos con independencia de la comunidad autónoma en la que residan.
Castilla-La Mancha rechaza corregir con el Fondo de Compensación Interterritorial las deficiencias del modelo
Durante su comparecencia, el responsable de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha revelado que el propio Ministerio de Hacienda “es consciente de la desigualdad” y por ello, el secretario de Estado de Hacienda propuso en la reunión bilateral del 22 de junio utilizar el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), para compensar a Castilla-La Mancha y a las comunidades autónomas que, de acuerdo con el nuevo modelo, quedaban por debajo de la media en financiación por habitante. Una propuesta que el Ejecutivo autonómico ha rechazado de forma rotunda.
Ruiz Molina ha explicado que Castilla-La Mancha no necesita compensaciones, sino un sistema de reparto de la riqueza nacional “justo desde el inicio”, es más, ha dicho, “es ahora cuando estamos reclamando un fondo transitorio de nivelación, hasta que se apruebe el nuevo modelo, dada también la infrafinanciación de la región”.
Además, ha recordado que el FCI tiene como finalidad constitucional reducir los desequilibrios económicos entre territorios mediante políticas de desarrollo regional y no corregir las “deficiencias” del sistema de financiación autonómica; de hecho “nunca ha formado parte del sistema de financiación”. Y ha señalado que esa propuesta de compensación ha desaparecido de la documentación remitida ahora por el Ministerio, por lo que ha reclamado explicaciones sobre este cambio.
Críticas a la falta de transparencia
En este contexto, el titular de Hacienda también ha denunciado la “falta de transparencia” que está marcando este proceso. En este sentido, ha recordado que Castilla-La Mancha remitió hace semanas una propuesta completa de financiación al Ministerio y solicitó información adicional para conocer el impacto real del nuevo modelo, sin haber recibido respuesta, tan solo se cuenta con “información parcial y sesgada”.
Ruiz Molina ha lamentado igualmente que el Gobierno central solo haya facilitado una estimación del incremento de financiación para Castilla-La Mancha, cifrada en 1.248 millones de euros, sin explicar cómo se ha obtenido esa cantidad, cuál es el criterio utilizado para calcularla, ni cuál sería el resultado para el conjunto de comunidades autónomas.
Además, ha advertido de que “nunca ha habido un nivel de opacidad semejante en una negociación sobre financiación autonómica”, y ha reclamado al ministro Arcadi España el acceso a la misma información de la que disponen la Generalitat de Cataluña y ERC. Señalando que el proceso se articula como un “chantaje”, de tal forma que, “quien no esté de acuerdo con este modelo, continuará con el anterior, sin beneficiarse de los famosos 21.000 millones que el Gobierno de España quiere incrementar la financiación de las comunidades autónomas”.
Una propuesta propia para garantizar la igualdad
Finalmente, el consejero ha defendido que “un tema tan importante” como es la reforma del sistema de financiación autonómica y el desacuerdo “casi unánime” de rechazo a la propuesta del Gobierno, debe debatirse en un foro del máximo nivel institucional como es la Conferencia de Presidentes y Presidentas, además del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Asimismo, ha destacado que Castilla-La Mancha ha sido, según la información de la que dispone el Gobierno regional, “la única comunidad autónoma que ha presentado formalmente una propuesta de financiación al Ministerio”, basada en el principio de igualdad y que parte de la premisa de que “la riqueza nacional es de todos, y por tanto repartirse con criterios objetivos que garanticen a todas las comunidades autónomas tener la misma financiación por habitante”.
Ruiz Molina ha asegurado que “la región no quiere más que nadie, pero tampoco menos”, y que según los cálculos estimatorios “querríamos tener un 10% más de financiación, que es lo que nos separa de Cataluña”. Por eso el Ejecutivo autonómico acudirá a las próximas reuniones con la voluntad de “defender única y exclusivamente los intereses de Castilla-La Mancha, por encima de los colores del partido político en el que se sustente el Gobierno de España”.
