CCOO pide al presidente del PP-CLM y al alcalde de Puertollano "que se retracten de las acusaciones contra funcionarios de la Junta"
La secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Castilla La Mancha, Carmen Juste, ha tachado de inadmisibles las declaraciones del alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, y del presidente del Partido Popular, Paco Núñez, en las que aseguraban que personal funcionario de la Junta “aconsejaban elegir otros pueblos cercanos a empresas que quieren instalarse en Puertollano”, tal y como publicaba este digital el pasado viernes.
CCOO quiere aclarar al Partido Popular que los principios que rigen el empleo público en Castilla La Mancha se basan, entre otros, en el servicio a la ciudadanía y a los intereses generales, siempre desde la objetividad, la profesionalidad y la imparcialidad, y respetando la ética profesional en el desempeño del servicio público.
Carmen Juste ha indicado que “hacer acusaciones tan graves como las vertidas por el señor Núñez y el señor Ruiz, atentan contra el papel que desempeñan las empleadas y empleados de la Administración como servidores públicos, como garantes de que cualquier decisión que tomen las administraciones sea ajustada a derecho, y como garantes de que los servicios públicos lleguen a todos y todas por igual, independientemente de su condición social, política o geográfica”.
La secretaria general de la FSC CCOO CLM, Carmen Juste, ha manifestado que si Núñez y Ruiz conocieran, aunque solo fuese un poco, la administración pública, sabrían que las personas funcionarias están sometidas a un código de conducta que establece los valores y principios éticos que deben guiar su comportamiento en el desempeño de las funciones que tienen encomendadas, promoviendo con ello la integridad, la transparencia y la responsabilidad en las Administraciones Públicas”.
Por lo tanto, desde la FSC CCOO CLM se exige al presidente de la PP de Castilla La Mancha y al alcalde de Puertollano que si conocen de casos concretos y tienen certezas que avalen sus acusaciones que denuncien, y en caso contrario, que se retracten de dichas declaraciones que minusvaloran y atentan contra la ética profesional, de los más de 75.000 funcionarios y funcionarias públicas que tienen esta región y que desarrollan con rigor, con seriedad, con honradez y con eficiencia su trabajo.