La Junta de Personal Funcionario de Ciudad Real acordó, en Pleno celebrado el día 18 de junio, seguir reiterando su rechazo a la 'Ley de Simplificación', "una amenaza directa al empleo público y a los servicios esenciales".
La Junta de Personal Funcionario de la Administración de la Junta de Ciudad Real, que ya convocó una concentración el pasado 26 de febrero y apoyó activamente la movilización regional del 30 de mayo, ha acordado "volver a manifestar con rotundidad su oposición a la inminente aprobación de la llamada Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa, impulsada por el Gobierno Regional".
"Pese a que somos plenamente conscientes de que esta ley está a punto de aprobarse, no podemos ni vamos a permanecer en silencio ante una norma que pone en entredicho tanto la estabilidad del empleo público como la calidad, universalidad y garantía de los servicios públicos que recibe la ciudadanía", señalan.
Y es que, "lejos de representar una modernización de la Administración, esta ley podría suponer un ataque sin precedentes a la estructura pública. Lo denunciamos en febrero, lo repetimos en mayo y lo ratificamos nuevamente: esta norma abre la puerta a una privatización encubierta de funciones públicas esenciales a través de la figura de las llamadas Entidades Colaboradoras. Estas entidades podrían asumir competencias en materias tan sensibles como los servicios sociales, la sanidad, el medio ambiente, el urbanismo o el patrimonio cultural, entre muchas otras, a cambio de una contraprestación económica sufragada por la propia ciudadanía".
"El demoledor dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha ha sido un varapalo institucional sin paliativos. Este órgano independiente proponía modificar el 59% del articulado y la mitad de las disposiciones finales, denunciando graves carencias jurídicas, técnicas y democráticas. Se cuestiona también la falta de participación, al elaborarse la ley de espaldas al funcionariado y sin atender apenas a ninguna de las alegaciones presentadas durante el trámite de consulta pública. Este dictamen respalda punto por punto lo que se ha venido advirtiendo desde el primer día y esta Junta de Personal viene a subrayar hoy en este texto: esta ley no simplifica, precariza; no agiliza, desregula; y en definitiva lejos de modernizar, hacia donde apunta es a privatizar", critican.
"Pareciera que para el Gobierno Regional es buena idea simplificar mediante el vaciamiento de competencias del personal funcionario y una externalización de funciones propias que sin duda supondrán una clara desprotección de lo público y de quienes lo sirven con profesionalidad y compromiso diario. Aun sin que se vea afectada la potestad de supervisión", critican.
"Por supuesto que no renunciamos a una Administración más ágil, pero sí nos oponemos frontalmente a que esa agilidad se logre a costa de sustituir garantías por intereses privados. Por eso, reiteramos nuestro firme rechazo a esta ley. Y seguimos insistiendo: Los servicios públicos no se venden: se defienden. Porque la protección del empleo público no es un obstáculo: es, y ha de seguir siendo, la garantía de los derechos de todas las personas", finalizan.
