Fúnez y Belda, "muy preocupados" por los suministros básicos de los hogares más desfavorecidos

Recuerdan que la pobreza energética "afecta a miles de ciudadrealeños"
Transcurridas varias semanas desde que más de cuarenta organizaciones solicitaran a los ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Vivienda, Sanidad y Derechos Sociales y Agenda 2030, un pronunciamiento claro y soluciones ante la situación de pobreza energética de cientos de miles de familias, varios diputados del Grupo Parlamentario Popular, entre ellos los ciudadrealeños Carmen Fúnez y Enrique Belda, han recordado al Gobierno, a través de variadas iniciativas, la obligación de ofrecer una respuesta, de manera urgente, a este problema nacional.

“El acceso a los suministros básicos, entendemos con el resto de la sociedad civil, ha de habilitarse de manera similar a su consideración como un derecho permanente de cada persona y cada familia”, señalan Fúnez y Belda.

En este sentido, aseguran que, “una vez más, la pretendida sensibilidad social que se autoasigna el socialismo español”, queda en entredicho en el día a día de la gente, ya que cuando persisten en múltiples casos de impago, fruto de causas sociales y económicas justificadas, las interrupciones de los suministros esenciales de agua y de energía, es que en los despachos ministeriales se orilla el tema: “los datos de pobreza energética que se nos presentan están siempre presididos por sesgos en la articulación, y la situación efectiva de las personas y familias se oculta tras una mala utilización de la normativa de protección de datos, apelaciones y traslados de culpas a las empresas suministradoras o a otras administraciones”, afirman.

Mientras tanto, apuntan que el tiempo corre para los más desfavorecidos sin una atención genérica, que solo termina paliando el buen hacer de los servicios sociales de otras administraciones, como por ejemplo las locales. “Como en tantos otros temas sociales, diputaciones y ayuntamientos amortiguan la dejadez estatal”, recuerdan.

Los diputados han solicitado al Gobierno y a todos los ministros implicados, impulsar, liderar, coordinar y ejecutar medidas de garantía, preventivas, etc., considerando la racionalización de las evaluaciones que se hacen a la ciudadanía afectada en caso de impagos y, fundamentalmente, una política energética clara y razonada en lo que concierne a las personas en situaciones precarias, una petición inaplazable.

“Esperemos que al menos podamos disponer de cifras solventes para conocer las personas afectadas y la recepción efectiva de ayudas, pues como en el caso del ingreso mínimo vital, hay cierta ligereza en los cómputos que se generan y después difunden desde la Administración Central”, han concluido.