La Inquisición en Puertollano y comarca

De pocos temas de nuestro pasado se ha escrito más y se sabe menos por el gran público que del Santo Oficio de la Inquisición española. Tribunal de la Fe eclesiástico, creado para luchar contra la herejía, fue auspiciado desde la corona e implantado en la Corona de Castilla y Aragón durante el reinado de los Reyes Católicos, a fines del siglos XV, siguiendo el lema “Un rey, una grey, una ley”, al entenderse que la unidad religiosa era pieza imprescindible de Calatrava, que dependió del Tribunal del Santo Oficio de Toledo, hasta 1834.

En cada tribunal de distrito solía haber dos inquisidores, un jurista y un teólogo, para cubrir la doble vertiente jurisdiccional de los casos de su competencia; además de fiscales y abogados, expertos legos y clérigos; así como secretarios, alguaciles, alcaide-carcelero e incluso médico para atender a los presos. Pese a la creencia popular, su tortura no era indiscriminada ni tampoco más severa que la prevista para los delincuentes comunes. Pero lo que aquí nos interesa no es tanto su estructura centralizada sino sus dependientes periféricos: comisarios (clérigos diocesanos, a quienes se confiaba la ejecución de los designios del Santo Tribunal); y familiares (laicos, a quienes se les exigía limpieza de sangre); notarios (escribanos eclesiásticos, que levantaban fe pública de los autos judiciales); y alguaciles mayores (encargados de capturas y embargos); además de otros colaboradores eventuales (escribanos, jueces, abogados, informantes, delatores, etc.).

En Puertollano hubo casi siempre un comisario, por lo general un capellán o aforado eclesiástico, máximo representante de los inquisidores toledanos en nuestra localidad, ante quien declaran los inculpados o investiga de oficio, diligenciando causas leves, ejerciendo labores policiales y defendiendo en todo momento el fuero de los familiares; y uno o varios familiares, vecinos casados y con buena fama, pero más preocupados por presumir de fuero inquisitorial y sangre inmaculada que de cumplir su teórica labor de apoyo al comisario (colaborando en arrestos, embargos) y detección de herejías. El notario más cercano suele estar en Almodóvar del Campo o Ciudad Real (desde 1572). Si en el siglo XVI se trata una distinción otorgada a modestos hijos de tratantes de lana o dueños de talleres textiles con ínfulas; desde fines de dicha centuria solo alcanzan familiaturas elementos significados en la comunidad: los capitulares o sus hijos, capellanes, labradores hacendados y otras personas perfectamente integradas en la comunidad. El máximo de familiares se sitúa en las décadas centrales del sigo XVII, decreciendo luego su número, que llegó al mínimo tras la pragmática de 1728, incrementándose luego tímidamente.

En marzo de 1565, Antón Sánchez Palomo, vecino de Puertollano, presentaba candidatura para ingresar como miembro del Santo Oficio ante el capellán mayor local Fernando [A] Cebrón. Siete testigos locales avalan al puertollanense ante el notario apostólico y, aparte de contar con las cualidades requeridas, alega que en la villa aunque había poco más de mil vecinos sólo había tres familiares: Martín de la Villa, Alonso Alcaide y Bartolomé Sánchez de la Fuenlabrada (privado de su oficio en 1571), al emigrar algunos a Almodóvar del Campo. Tan solo tres años más tarde se incorporan a la nómina otros dos familiares: Juan Gutiérrez y Pascual Sánchez Vaquero (quienes además litigan para evitar ejercer oficios concejiles).

Hacia 1632 se registran otros cinco familiares de la Inquisición en Puertollano. Hacia 1761 sabemos de la existencia de un alguacil mayor del tribunal toledano en la localidad, encargado de prender a sospechosos e incautar sus bienes. Pero don Fernando Muñoz Corchero, lejos de cumplir su labor, escandalizó al vecindario por sus amoríos con su paisana Luciana de Campos, pese a ser el superior jerárquico del resto de dependientes inquisitoriales en la villa.

Sin duda el oriundo de nuestra localidad que más escaló en la jerarquía inquisitorial fue el doctor frey don Martín Alonso Adán, del hábito de Calatrava, capellán real y prior de Fuencaliente, que durante el primer tercio del siglo XVII fue nombrado Inquisidor del Santo Tribunal de Toledo tras ser fiscal del Secreto en Sevilla y Granada, estuvo vinculado al Santo Oficio de Galicia (1623-26) y fue inquisidor en los distritos de Llerena, Barcelona, Cuenca y Córdoba. Su testamento y codicilo de 1630 nos dan una idea de sus propiedades, relaciones familiares y mandas en la comarca de Puertollano: asignaba a su capellanía en Mestanza un censo de 20.000 reales de principal en plata impuesto sobre las rentas municipales de Argamasilla de Calatrava; dejaba a su ama, Antona Muñoz, una pensión anual de 400 reales; legaba a su hermana, María Adán, afincada en Argamasilla, una renta anual de 200 reales; dejó censos por valor de 20.000 reales; contaba con cuatro esclavos berberiscos: Antón, Ana, su hijo Escolástico y el joven Francisco; tras morir su hermana, serían liberadas Ana y Francisca, otorgándoles 400 reales de ayuda, pero Antón y Escolástica pasarían a manos de su cuñado, el puertollanero Antón Gutiérrez, quedando en la iglesia de Fuencaliente cinco tapices y seis cuadros de su propiedad.

En realidad, sólo se dejó sentir el peso del Santo Oficio en Puertollano coincidiendo con las visitas que, muy esporádicamente, realizaron los inquisidores a los pueblos de su demarcación. Un acontecimiento que estimulada las delaciones y desplegaba un solemne ceremonial, dirigido a detectar y erradicar el menor atisbo de herejía en las comunidades rurales. El procedimiento era el siguiente. Uno de los dos inquisidores titulares de la audiencia partía de Toledo, acompañado de un secretario y varios escoltas.

Antes de partir de una localidad a otra, se avisaba al lugar de destino, mediante carta dirigida al comisario lugareño o al familiar más antiguo, para que hiciese los preparativos adecuados; el delegado local del Santo Oficio mandaba un emisario la noche anterior a la entrada del inquisidor en la villa, informando del pulso del vecindario y de los nombres de los sospechosos. Cuando llegaba la comitiva a un pueblo, mostraba sus credenciales a las autoridades y, una vez instalada, se nombraba alguacil a alguno de los familiares. La audiencia itinerante se instalaba en un lugar digno; el juez disponía del cuaderno de las Visitas anteriores, los registros de testificaciones y genealogías, la copia de los sambenitos del distrito visitado y una relación de los encausados con anterioridad.

El siguiente paso era publicar el Edicto de Fe. Inquisidor y ayudantes salían solemnemente de su albergue y hacían pregonar en la plaza su presencia el sábado por la tarde. Así, todos los mayores de 12 años eran convocados para asistir a la misa mayor dominical. El domingo siguiente, el visitador y sus colaboradores eran esperados a la puerta de la parroquia por el comisario, los familiares de la Inquisición y el consistorio en pleno. El inquisidor se sentaba en un lugar preferente del presbiterio y las autoridades cerca del altar mayor.

Tras al lectura del evangelio, el secretario, acompañado por los familiares, subía al púlpito para leer el Edicto General de Fe durante media hora. El párroco continuaba su homilía, exhortando a sus fieles a denunciar cualquier palabra, gesto o comportamiento sospechoso, recordando

las penas estipuladas y la benevolencia del tribunal. Los asistentes se ponían de pie mientras que un notario portaba evangelios y crucifijo, haciéndose juramento público de adhesión a la Santa Fe Católica Romana. Se levantaba acta del evento y de su aprobación general. Terminado el acto, todos abandonaban la iglesia.

Durante una semana se iniciaba un periodo de Gracia. A su término, el cura leía una apocalíptica Carta de Anatema tras el evangelio conminando de nuevo a los fieles a colaborar con el inquisidor. La teatralidad del acto se acentuaba tañendo las campanas a difuntos y entonándose cánticos fúnebres. De esta forma se condenan los herejes, en tanto que los clérigos, situados junto a la pila del agua bendita, apagaban los cirios, simbolizando la extirpación de la herejía. Después eran rociados los feligreses con agua bendita para ahuyentar al diablo y, en procesión, se retiraban los eclesiásticos a la sacristía, en medio de un silencio sepulcral. Un ultimatum abría un plazo de tres días antes de condenar con la excomunión a los transgresores de la fe.

Pues bien, entre el 19 al 26 de julio de 1538, al calor de una visita girada al Campo de Calatrava, una oleada de denuncias se suceden en Puertollano, incriminando a varios cristianos viejos lugareños. Había tanto artesanos textiles como alfareros; algunos inmigrantes, oriundos de Córdoba, Chillón y Almodóvar del Campo, habían sido condenados ellos mismos o sus padres por el Santo Oficio y huyeron de su tierra natal para escapar del desprecio. Muchos fueron delatados por hacer gala de su riqueza y otros tienen oficios susceptibles de crearse enemigos: un herrero, un regatón (revendedor de mercancías), un corredor de paños (que supervisaba la venta de tejidos) y un recaudador de alcabalas (impuesto sobre las compraventas), quienes osaban montar a caballo o lucían ropas ostentosas, levantando envidias y odios.

Pero fue a principios de marzo de 1553 cuando la visita de Cristóbal Fernández de Valtodano (protector del humanista Arias Montano, futuro obispo de Palencia y arzobispo de Santiago) evidenció que nadie estaba salvo de las redes inquisitoriales. Por entonces se desató en toda la comarca una oleada de autoinculpaciones y denuncias que ponen en un brete a diez personas afincadas en la villa, la mayoría por deslenguadas. Isabel Díaz, de 31 años, entre remordimientos confiesa de forma espontánea que en una conversación con sus comadres mantenida hacía tiempo dijo que las hermanas Mora, allí presentes, no se parecían en nada, exclamando la susodicha que tampoco Cristo era semejante a Dios, preguntando a sus amigas qué harían las presentes si un hombre se hiciese Dios. Como la Inquisición no vio maldad en sus torpes palabras la condenó a pagar cuatro misas en la parroquia y a rezar en público cincuenta padrenuestros y otras tantas avemarías.

Poco días más tarde, comparecieron ante Valtodano Juana Martínez, esposa de un cardador de Puertollano, de 39 años de edad. Según testifica, hacía cinco años, cuando estaba en el hospital de Nuestra Señora con otras personas, mientras se confesaba a un enfermo y levantaba el sacerdote la Sagrada Forma, una tal Inés Hernández exclamó de forma despectiva “hazeos alla porque veamos como la dizen”. Durante el interrogatorio, la rea asegura desconocer el nombre de sus abuelos paternos y a su abuela materna, pero admite que un abuelo materno suyo fue reconciliado en tiempo de Gracia. Por su parte, el clérigo Pedro de Morales imputa a Antón Bernardo, por decir en misa que “Dios hace muchas cosas de hecho y no de justicia”. Pero son los tejedores puertollaneros, famosos por sus exabruptos, quienes engrosan la lista de investigados por el inquisidor: Hernando de la Fuente dijo a los romeros que volvían de la Virgen de la Cabeza (Andújar), con fama de milagrera, “¿para que van a adorar aquella imagen de palo? pues aca ay otras imágenes tambien de palo”, el tendero investigado admite que “venidas de Nuestra Señora de la Cabeza ciertas personas, entraron en mi tienda y dixeron que abia parido una mujer en el camino, yo les respondi que mejor fuera oyr una misa devotamente que no yr alla porque pudiere peligrar en el camino y mas dixeron que en la proçision que se avian hecho muchos milagros y yo les respondi Dios y mi Señora eran los que hazian los milagros y no otro, y que ninguna ymagen no era sino un palo”; sus proclamas iconoclastas fueron castigadas con cierta severidad. También fueron condenadas una tal Ana López, hija de la Meca; la esposa de Brizeño y otros artesanos blasfemos: Francisco Guardián , oriundo del Valle del Lozoya (Madrid), aunque residente en Puertollano y Francisco Alonso, que blasfemó mientras jugaba a naipes. Mayor calado tuvo la causa instruida contra Juan Yáñez, cuyo hermano mayor difunto hacía tiempo había sido penitenciado en la parroquia de Santa María la Mayor, al probarse su bigamia, siendo ahora acusado de impediente (obstaculizar los trámites inquisitoriales).

También tejedor de paños, pero peor parado de esta caza de brujas desatada en nuestra localidad, fue el primer puertollanense del que sabemos participó en un auto de fe en la plaza de Zocodover en Toledo, el 25 de noviembre de 1554: Andrés López Verbo. Llevado a la capital del distrito, procesionó desnudo “sin cinto y sin bonete, descalço de pie y piernas, una coroça en la cabe‡a, una mordaça a la lengua, una soga a la garganta, una vela de cera, abjuro de levi, [condenado] en dozientos açotes y echado a las galeras por cinco años”.

En Puertollano se perciben cuatro grandes etapas en el impacto inquisitorial sobre su vecindario. Una primera fase de persecución a los judeoconversos y sus sucesores, legalmente inhábiles para desempeñar cargos públicos o presumir de riqueza (1485-1530). Una segunda fase fue dirigida hacia la heterodoxia de los cristianos viejos; por entonces, se utiliza al Tribunal de la Fe para agraviar a paisanos molestos, en una coyuntura en la cual el regimiento se torna en una corporación cerrada y se desprecia a los plebeyos en los cargos municipales honoríficos; esta fase tendría como cenit la visita general del inquisidor Valtodano en 1553 y no terminaría hasta publicarse los mandatos emanados del Concilio de Trento (hacia 1573); en los 40 años que abarcan el periodo 1534-1573 nada menos que hay nada menos que 23 procesos inquisitoriales abiertos contra personas de condición humilde: pequeños labradores, artesanos asalariados y pastores (como el conquense Juan López, pastor de ovejas del hato del puertollanero Miguel Sánchez del Olmo, quien charlando en Alcudia con otros ganaderos en otoño de 1570 opina que no era pecado dormir con una viuda y que en San Benito un clérigo llamado Morales no había dejado a ninguna aldeana virgen). Por otra parte, la gran ofensiva antimorisca desatada en la comarca contra los moriscos alpujarreños, dispersos por la zona entre 1573-1610 será testimonial: un único caso. A lo largo del siglo XVII, la ausencia de las denuncias coincide con la crisis económica y demográfica general, ralentizándose la maquinaria del Santo Oficio durante todo el Barroco, hasta el extremo que en una centuria serán apenas cinco los reos sentenciados. Ya en la cuarta y última etapa, el Santo Oficio caerá, con la excepción de un carnicero de Ciudad Real, sobre varios frailes mendicantes oriundos de Puertollano que profesan fuera de la localidad, siendo enjuiciados algunos franciscanos del convento de San Pedro de Alcántara.

Llama la atención que mientras los ingenuos deslices verbales de los más miserables son investigados con lupa desde Toledo y la mayoría merecen penas públicas afrentosas que se escenifican en la parroquia local; las deshonestidades de los clérigos eran toleradas o, en el mejor de los casos, se resuelven con autillos particulares que imponen penas espirituales a puerta cerrada en el convento dominico de San Pedro Mártir (Toledo), sede del tribunal de distrito.

Las transgresiones perpetradas por los frailes se derivan de su popularidad como predicadores y su trato íntimo con mujeres durante la confesión. La tentación de la carne atormentó a muchos eclesiásticos y los clérigos lugareños se mostraron tan humanos como el resto de sus correligionarios. El primero en abusar de sus hijas de confesión fue fray Alonso de Santo Tomás, dominico puertollanero conventual en Ciudad Real, de 46 años de edad, y antaño profeso en Manzanares, acusado por una manzanareña hacia 1617; probándose sus pecados, se le prohibió confesar y fue obligado a enclaustrarse en su convento. Precisamente para prevenir tales excesos, a fines del siglo XVI se pusieron los primeros confesionarios en las iglesias calatravas y, a lo largo del siglo XVII, se dispuso que los confesores superasen los 45 ó 50 años de edad.

Muchos evidencian una espiral de excesos y reincidencias. En febrero de 1727, en Toledo purgaba sus culpas el francisco puertollanense fray Ángel Villajos, tenía 47 años, era confesor y conventual en Santa María la Blanca (Toledo), aunque antes había sido vicario del convento de clarisas de Guadalajara, donde también había cometido algunos deslices graves. Pues bien, en 1755 volvió a ser procesado por deshonesto en el Tribunal de Corte; pese a ser condenado, de nuevo lo vemos que confesaba a las clarisas de Guadalajara, siendo descrito como “de bastante estatura, color blanco, algo rezio, calvo, redondo de cara”.

Solo en la década de 1740 fueron condenados otros tres correligionarios y paisanos por el mismo motivo: fray José de Buenaventura, alias “de Puertollano”, franciscano descalzo en Uceda (Guadalajara, 1740-1741); en el mismo convento fray José de Peralejos, alias “Puertollano”, hizo de las suyas en 1743; al año siguiente pasa el mismo trance fray Francisco de Puertollano, prior en Malagón, a quien también se le investigan otras fechorías perpetradas en Madrid, Talavera de la Reina y Murcia. El último fraile en caer en las redes inquisitoriales fue fray Gregorio de Granátula, quien siendo cantor en el convento francisco de Almagro, descrito como calvo y “algo tierno de ojos”, fue denunciado en 1802 por una puertollanera, María Josefa Caballero, una joven soltera de 18 años de edad, con la cual había intentado propasarse en el confesionario cuando vivía con su abuela en Almagro, aunque ya le había tirado los tejos en Puertollano, en cuyo convento había profesado antes durante tres años.

Punto y aparte merece fray Francisco de Torrijos. Nacido en dicho pueblo toledano, profesó en la Orden de Franciscanos Descalzos y estuvo en los conventos de Cedillo e Illescas (Toledo), y Puertollano. En este último destino, hacia 1663, fue acusado de flagelante, es decir, azotar personalmente a los penitentes que confesaba.

Algunas habían permitido tan severo castigo, pero una puertollanera se negó a sus caprichos y a otra la perdonó en el último momento. Según testificó ante los inquisidores, a unos pastorcillos que no se sabían la doctrina también les propinó unos azotes. Denunciado por el padre guardián del convento de San Pedro de Alcántara al Provincial de su Orden, el caso llegó al Santo Oficio y fue recluido en el convento franciscano de Alcalá de Henares (Madrid). No parece tener muchas luces este severo fraile. Condenándole la Inquisición a ser apartado de los confesionarios, fue recluido en el convento de Auñón (Guadalajara) durante dos años y condenado a seis de destierro de los lugares donde había protagonizado sus fechorías. Estando preso de nuevo en 1663 en la cárcel del Secreto, sus propios compañeros de celda despotrican de este franciscano: quiso sobornar al verdugo para evitar un tormento severo, asegurando que en caso contrario su sobrino lo mataría; persuadió a una mujer para que llevase recado a otros presos; un milanés con quien compartía celda dijo que se había introducido un ajo por el ano para aparentar una fuerte calentura; un navegante sevillano asegura que escondía un tintero para escribir al exterior.

Un año más tarde aún permanecía en prisión, vestido como seglar y llevando una vida picaresca. Preguntado por qué no vestía hábito, dijo que los piojos le picaban sin parar y cuando se le reprocha que comiera carne los viernes, se justifica diciendo que no se le permitía comprar pescado. Además, se le imputaba el que al pedirle resignación, respondió con cajas destempladas “aquí no hay esperanza en Dios, ni en nadie, ni misericordia, porque el que la hace la paga”; además de intentar convencer a un judío portugués para que no confesase sus culpas o hacer de alcahuete de un reo y la sobrina del cura de San Vicente.

Ya en febrero de 1666, los inquisidores le condenan a reconocer públicamente sus pecados y meses después lo hallamos recluido en el convento de Cebreros (Ávila), desde donde todavía tuvo la desfachatez de suplicar al superior de la Provincia de San José para que aliviase su condena. Por fin, fray Francisco de Torrijos fue trasladado al convento de Horche (Guadalajara), donde el frío y la humedad parecen atenuar sus ardores amorosos.