Vestas, el mayor fabricante del sector, presionó el pasado lunes durante ante todo el día al comité de empresa de Daimiel para que aceptase la apertura de la planta, “contraviniendo la ley en España”, según informan CCOO y UGT en una nota de prensa conjunta. “Las presiones por parte de la dirección danesa y española fueron enormes, así como las amenazas y las coacciones… Finalmente, ante la resistencia del comité a incumplir la ley, y a dejar a sus compañeros y compañeras a los pies de los caballos, la dirección modificó levemente su estrategia e intentó arrancar un acuerdo para sostener la actividad con personal voluntario”.
De nuevo, el comité afirmó que la paralización estaba más allá de sus capacidades y que, por más que la dirección pretendiera retorcer la Ley, hay que cumplirla, y más cuando es para proteger la salud de una plantilla que ya tiene 131 personas en cuarentena y dos positivas en COVID-19 (los que fueron analizados).
La empresa insistió y comunicó a los empleados que debían volver al trabajo y buscó personas voluntarias para mantener la producción. El comité advirtió que no era legal desplazarse a un centro de trabajo con la actividad paralizada.
En este punto, los sindicatos advirtieron a las trabajadoras y a los trabajadores que si atendían a solicitudes manifiestamente ilegales, asumirían posibles sanciones. Aseguraron que solicitarían la presencia de las fuerzas del orden para vigilar el cumplimiento de la ley. También advirtieron al gerente de la planta y al responsable de salud laboral que cejasen en su ilegal empeño o bien desviaran la responsabilidad de esta ilegalidad al CEO mundial de Vestas, ya que esto sólo podía perjudicarles, dada su ya complicada situación procesal.
Las direcciones de CCOO de Industria y FICA UGT se implicaron en este absoluto despropósito y contactaron al más alto nivel con el Ministerio de Industria, para tratar de poner freno a un atropello contra la salud de las trabajadoras y trabajadores.