Todos recordamos aquella mañana del mes de julio de 2018 en la que agentes de la UDEF (Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional) desalojaban el Ayuntamiento de Puertollano para llevar a cabo un importante registro dentro de la investigación de las presuntas irregularidades cometidas en torno a las obras de construcción del estadio ‘Ciudad de Puertollano’, popularmente conocido como Cerrú.
Pues bien, casi cinco años después, la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 3 de Puertollano ha hecho público el auto con fecha 21 de marzo por el que se transforman las diligencias previas en procedimiento abreviado, con el fin de continuar con la tramitación de la causa, una vez finalizada la instrucción de estas presuntas irregularidades, tal y como han informado a este digital fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ-CLM).
En dicho auto, la jueza instructora, entiende que durante la investigación judicial ha quedado acreditada inicialmente la posible comisión de los siguientes delitos: prevaricación; tráfico de influencias; cohecho; negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos en el ejercicio de su función; y falsedad documental, delitos que se imputan a una veintena de personas, entre ellas el exalcalde Joaquín Hermoso Murillo, así como empresarios de la constructora ‘Proinsa’.
En el mismo auto, la jueza ordena abrir pieza separada y se deduce testimonio contra ocho personas y dos sociedades por la presunta comisión de los delitos de malversación de fondos públicos, exacciones ilegales y blanqueo de capitales. Dicho procedimiento judicial en pieza separada ya se ha incoado y está en fase de instrucción. El auto, eso sí, no es firme.
Este auto, al que ha tenido acceso completo EFE, es demoledor con los investigados al considerar que entre ellos “existía una auténtica trama u organización, ya que todos y cada uno de ellos han actuado con total concierto. Un auténtico entramado en el que cada una de las 20 personas implicadas ocuparía su rol en base a su cargo profesional para llevar a cabo conductas tipificadas en el Código Penal”. Y añade que "llama la atención el grado de concierto existente entre todos ellos, algo que evidencia que no era la primera vez que lo llevaban a cabo, tal y como quedó probado en las obras de la plaza de toros”.
Cabe recordar que en marzo de 2022 la Sala 2ª del Tribunal Supremo confirmaba ya la pena de siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al exalcalde de Puertollano, Joaquín Hermoso Murillo, por un delito de prevaricación administrativa en relación a la ejecución de las obras en la plaza de toros en 2007 y 2008. La misma pena se confirmaba también para Juan Luis Vázquez Calvo, secretario accidental del Ayuntamiento en la época de los hechos. El alto tribunal desestimaba así los recursos de ambos contra la sentencia dictada en noviembre de 2019 por la Audiencia Provincial de Ciudad Real.
La cronología de los hechos
En el Caso Cerrú, todo arranca en la investigación iniciada en junio 2017, casi siete años después de su inauguración, tras unas obras que se realizaron, según la jueza, “bajo la apariencia de un contrato de permuta entre ‘Proinsa’ y los entonces alcalde y secretario del Ayuntamiento, contraviniendo la normativa de contratación pública vigente en octubre de 2007".
Según dicho contrato de permuta, y tal y como ha informado EFE, ‘Proinsa’ entregaría suelo patrimonial en una de las parcelas del Sector IV y el aprovechamiento del 10% de cesión obligatoria que le otorgaba el plan de actuación, valorado en más de once millones de euros, a cambio de construir para el Ayuntamiento un campo de fútbol valorado en siete millones de euros más la cantidad de 1,6 millones de euros.
Durante todo este procedimiento de contratación “se eludieron los principios de publicidad y concurrencia, igualdad y no discriminación, y en toda la documentación facilitada se pone de manifiesto que el alcalde, el secretario, los servicios jurídicos y el representante de la intervención de Fondos del consistorio pertenecientes al área de urbanismo, se habían puesto de acuerdo para llevar a cabo resoluciones con múltiples irregularidades", tal y como recoge el auto de diligencias previas. Asimismo, se especifica que las obras no fueron concluidas por 'Proinsa', sino que fueron terminadas por otra empresa subcontratada llamada 'Teconsa'.
La jueza apunta el porcentaje de tasas que se debían haber abonado por la empresa adjudicataria de las obras que rondaría el 3,75 % del importe presupuestado de la obra, lo que significa que el Consistorio dejó de ingresar aproximadamente 412.000 euros.
