Ciudad Real

Ha desestimado el recurso de apelación del presidente y secretario de la entidad

La Audiencia Provincial ratifica la condena para Arturo Mesa y Álvaro Maldonado por la quiebra de CEOE-Cepyme Ciudad Real

El juzgado de lo mercantil calificó el concurso de culpable y les impuso 3 años de inhabilitación

La Comarca

09/01/2019

(Última actualización: 09/01/2019 22:13)

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La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el presidente y secretario general de la ya desaparecida CEOE-Cepyme de Ciudad Real, Arturo Mesa y Álvaro Maldonado, respectivamente. Asimismo, se ha confirmado íntegramente la Sentencia de calificación del concurso de dicha entidad dictada el 28 de noviembre de 2016 por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Número 4 y de lo Mercantil de Ciudad Real, que les declaró como “culpables” del concurso de acreedores de la entidad mercantil.

Hay que recordar que dicha organización se vio sumida en la ruina y abocada a su desaparición por los problemas económicos e impagos que acumuló. Y en el caso de Arturo Mesa, tal y como reza la sentencia, deberá abonar a la masa activa del concurso el 20% del déficit patrimonial que sea fijado en ejecución de sentencia. Por su parte, Álvaro Maldonado deberá responder del 15% del déficit patrimonial. Ambos se enfrentan también a la inhabilitación por el plazo de tres años para administrar bienes ajenos y se les imponen las costas procesales.

El Juzgado de lo Mercantil consideró probado la existencia de irregularidades contables, que agravó la insolvencia de la organización, derivada esencialmente de la inversión que se hizo en la sede de la Confederación en Miguelturra con un coste, según señala la Sala, excesivo, generando una deuda hipotecaria por principal de casi 3 millones de euros.

En este caso además, la sala de la sección 2ª señala que “ambos representantes fueron conscientes del agotamiento de las vías de financiación, esencialmente las cuotas de afiliados, llegando a desviar los fondos de formación para gastos ordinarios, llegando a perder incluso la sede. Decisiones que fueron abiertamente desacertadas al adentrarse en el crédito de imposible devolución y no acudir al mecanismo concursal”. Todo ello, en el año 2010, momento en el que atravesaba una situación de insolvencia y de iliquidez a proveedores por un importe de 400.000 euros y ante la administración autonómica, por 700.000 euros.

En este caso, la Audiencia mantiene que los apelantes procedieron al "uso indebido" del dinero proveniente de subvenciones para formación como fuente de financiación de una entidad sin ánimo de lucro, lo que generó una "doble deuda" a la administración pública autonómica y a los propios acreedores.