Puertollano

Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

El Ayuntamiento de Puertollano deberá pagar 554.652 euros a Sacyr por el retraso en el pago de las obras en La Nava

La justicia, que en un principio dio la razón al Consistorio puertollanense, ha dado la razón ahora al recurso de apelación de la empresa

La Comarca

13/09/2018

(Última actualización: 14/09/2018 07:36)

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El Ayuntamiento de Puertollano deberá abonar algo más de medio millón de euros a la empresa de construcción Sacyr por los intereses de demora en el pago de certificaciones de obras que se realizaron en el polígono La Nava de la localidad.

La justicia, que en un principio dio la razón al Consistorio puertollanense, ha admitido ahora el recurso de apelación de Sacyr. Así lo ha decidido la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ-CLM) frente a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real que desestimaba un recurso contencioso administrativo de la empresa contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de abril de 2015 del Ayuntamiento de Puertollano "por el que se desestimaba la reclamación de intereses por demora en el pago de certificaciones de obra, basándose en la prescripción por ser acorde a derecho sin imposición de costas a ninguna de las partes".

Según la Sentencia del Supremo de fecha 28 de mayo del 2018 a la que ha tenido acceso nuestro digital, las partes del litigio firmaron tres contratos para la ejecución de las obras planeadas en el polígono La Nava III, uno con fecha 13 de enero de 2006 y otros con la misma fecha de 29 de noviembre de 2007, respecto a los cuales Sacyr reclama intereses de demora en relación a las primeras 18 certificaciones, libradas por un importe de 554.652,68 euros, más 570 euros de costes derivados del primer contrato.

La primera sentencia, que daba la razón al Ayuntamiento de Puertollano, estimaba que el plazo de prescripción para la reclamación se debe contar desde la fecha 10 de diciembre de 2007 “en la que se firma entre las partes el acta de recepción de las obras cuando se termina de abonar la última certificación de las mismas, la número 18”. La reclamación, sin embargo, se presenta el 25 de marzo de 2015 y en esa fecha ya habían transcurrido los cuatro años señalados para la prescripción.

La tesis de Sacyr era que, "a pesar de los tres contratos firmados, en realidad nos encontramos frente a uno solo que se desarrolló en varias fases, si bien el último nunca llegó a ejecutarse, por lo que el plazo de prescripción se debe contar desde el 1-6-2012 tras la emisión de la última certificación del segundo contrato. Se trata de tres contratos distintos e independientes, siendo la única relación entre el primero y segundo que se trata del mismo sector de urbanización, siendo diferentes las obras a ejecutar, el plazo de ejecución, el importe del contrato y la fianza que se debía prestar, por lo que la prescripción computable se debe hacer desde el 10-12-2007 cuando se produjo la finalización de las obras ejecutadas con la firma del acta de recepción de las obras y liquidó el primer contrato, que dio lugar al libramiento de 18 certificaciones respecto de las que se reclaman los pertinentes intereses".

El juez, en cambio, estimó que se tratan de tres contratos distintos e independientes, siendo la única relación entre el primero y el segundo que se refieren al mismo sector de urbanización, pero siendo diferentes en obras a ejecutar, en plazo de ejecución, en importe y en fianza.

Sacyr presentó entonces el recurso de apelación ante el TSJ-CLM, órgano que ha revocado la sentencia apelada y la resolución recurrida, estimando en parte el recurso de apelación y el recurso contencioso administrativo interpuesto, decisión contra la que cabe recurso de casación. La justicia considera ahora que "el contrato de 28-1-2008, es un simple modificado del primitivo de 13-1-2006, que se va ampliando con la realización de nuevas obras del mismo proyecto y no se liquida hasta el 1-6-2012 cuando se presenta la reclamación el 25-3-2015 aún no se ha consumado el plazo de prescripción de cuatro años previsto por la Ley General Presupuestaria".

Por todo ello “se puede colegir fácilmente que la modificación del contrato primitivo no es un nuevo contrato sino una simple innovación del mismo que altera su contenido sin necesidad de la celebración de un contrato distinto anterior”, con lo que la prescripción no tendría cabida.