Región

El sindicato lamenta la oportunidad perdida para mejorar la calidad del servicio

CCOO considera “muy lamentable” el Decreto de Bienestar Social sobre acreditación de Centros y servicios a Discapacidad

El nuevo Decreto apenas mejora la Orden vigente desde hace 25 años; se ha emitido sin acuerdo previo ni debate público y sin atender en lo más mínimo al documento de propuestas elaborado por el sindicato y facilitado a la consejería el pasado 15 de marzo

La Comarca

30/12/2017

(Última actualización: 30/12/2017 20:15)

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Después de 25 años, la consejería de Bienestar Social ha emitido un Decreto para actualizar la regulación de “las condiciones mínimas exigibles a los centros y servicios destinados a la atención a personas con discapacidad en Castilla-La Mancha” (Decreto 88/2017, de 5 de diciembre, publicado en el DOCM del pasado 26 de diciembre).

CCOO considera lamentable este Decreto, que apenas introduce variaciones a la Orden de 1992 vigente hasta ahora, y que mantiene a Castilla-La Mancha a la cola con respecto al resto del Estado tanto en calidad de los servicios como en las ratios y perfiles de los profesionales que los prestan.

“CCOO lamenta la oportunidad perdida por el gobierno PSOE-Podemos para mejorar la calidad de servicio de atención a la Discapacidad de la región, denuncia la publicación del Decreto sin acuerdo previo ni debate público y deplora que la consejera no haya atendido en lo más mínimo al documento de propuestas elaborado por el sindicato y facilitado a la consejería el pasado 15 de marzo”, señala Antonio Romero, responsable sectorial de CCOO-Enseñanza CLM.

“La principal novedad es que la nueva regulación de los requisitos para la acreditación de los centros de atención a la discapacidad se tramitó como una Orden y se ha convertido en un Decreto, saltándose de esta forma la negociación con los interlocutores sociales de la región”.

“De hecho, lo publicado es prácticamente idéntico al borrador original -que a su vez apenas modificaba la Orden de 1992-, salvo pequeños cambios y no todos ellos para bien”, señala Romero.

Entre las cuestiones más lamentables destaca la renuncia a la homogeneización de los requisitos que se reclaman a los distintos centros de atención a la discapacidad.

Así, llama poderosamente la atención que se dote a los CADIG (que son centros públicos gestionados principalmente por empresas privadas en modelos mixtos público-privados) con un personal que no se requiere a las entidades que gestionan la mayoría de número de plazas residenciales.

También es llamativo la ausencia de personal sanitario en estas últimas, cuando estamos hablando de los mismos perfiles y las mismas necesidades de los usuarios.

“Cuando analizamos y valoramos el borrador, que nos pareció francamente deplorable, elaboramos un documento de propuestas de enmiendas y mejoras que emanaron de los centros de atención a la discapacidad y se articularon en una reunión donde participaron más de 40 delegados del sector.”

“Estamos convencidos de que, para regular cualquier sector, en este caso el de la Atención a la Discapacidad, hay que contar con la experiencia y el análisis que aportan los trabajadores, que son los que prestan la atención y lo servicios a los usuarios y, por tanto, los que mejor conocen las necesidades y carencias que se encuentran en su día a día en sus puestos de trabajo.”

“En nuestro caso, CCOO es ampliamente mayoritario en el sector de atención a la discapacidad en nuestra Comunidad Autónoma, con un 56% de representatividad, porcentaje que nos da legitimidad y nos permite pedir ser escuchados y estar presentes donde se decida algo que tenga que ver con el sector, en el que trabajan más de 10.000 profesionales en la región.”

“CCOO es muy sensible a la atención de la discapacidad y seguirá elaborando propuestas y realizando acciones que permitan mejorar las condiciones del sector y la integración de las personas con discapacidad. Y para ello solicitaremos una reunión urgente con la Consejería, que esperemos no rehúya como ha hecho con la tramitación de esta orden y las alegaciones realizadas”.

“Creemos que es necesario avanzar hacia homogenización en la atención a la discapacidad; con el establecimiento de unos ratios y estándares de personal y de infraestructuras suficientes para garantizar unos servicios de calidad y con un objetivo claro de inserción social y de igualdad para personas con discapacidad”.

“Lamentablemente, creemos que el Decreto publicado anteayer no lo hace, es una ocasión perdida. Además, da a las 500 empresas y entidades que trabajan en la atención a la dependencia, y a los propios servicios de la administración dedicados a este sector, un plazo de dos años para cumplirlo. En ese plazo, y en mucho menos, muy bien podría Bienestar Social reunir a todos los agentes implicados y rehacer de arriba abajo el deplorable Decreto que acaba de publicar”.