Puertollano

Pedían una indemnización al quedarse sin formación

Los 22 alumnos de la Fundación Virtus de Puertollano ven desestimado su recurso ante el Supremo de Castilla-La Mancha

La sentencia desestima el recurso interpuesto ante “el acto presunto por silencio administrativo negativo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha por el que se entendía desestimada la reclamación por responsabilidad patrimonial”

La Comarca

09/08/2017

(Última actualización: 09/08/2017 15:55)

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La sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha desestimado el recurso interpuesto en fecha 25-6-2013 por 22 alumnos de la extinta Fundación Virtus de Puertollano por el que reclamaban “los daños y perjuicios sufridos por funcionamiento anómalo de la Administración” al verse privados de la formación dirigida a la obtención en el curso 2011-2012 de licencia B.1.1 de Mantenimiento de Aeronaves de Motor de Turbina de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) que hasta entonces se llevaba a cabo en el Centro de Excelencia de Formación Aeronáutica de Puertollano.

Cada uno de los alumnos reclamaba indemnizaciones que iban desde 535 hasta 17.724 euros en reclamación de los daños y perjuicios sufridos por privación de la formación cuyo resarcimiento debía realizarse mediante la asunción por parte de la Consejería de Educación del coste integral de los exámenes, la formación teórico-práctica y los gastos derivados para la obtención de la licencia, además de daños y perjuicios derivados de la estancia en Puertollano (residencia, transporte y alojamiento) durante el seguimiento del curso académico, así como el daño moral y el lucro cesante o ganancia al no obtener la licencia.

La sentencia, dictada el pasado 5 de junio y a la que ha tenido acceso nuestro digital, resuelve “la impugnación del acto presunto por silencio administrativo negativo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha por el que se entendía desestimada la reclamación por responsabilidad patrimonial formulada ante la mencionada Consejería con fecha 25-6-2013”.

En el recurso se relata que los alumnos se matricularon para los cursos 2010/2011 y 2011/2012 en el "Centro de Excelencia de Formación Aeronáutica" cuya titular era la Fundación Virtus de Puertollano con el fin de obtener la doble titulación correspondiente al primer Ciclo Formativo de Grado Superior de Mantenimiento Aeromecánico y la licencia B.1.1 de Mantenimiento de Aeronaves de Motor de Turbina.

Después, y como consecuencia de las reclamaciones de los alumnos y sus padres durante los meses de septiembre y octubre de 2011, ya comenzado el segundo curso del ciclo, se firma un convenio por el que la Fundación cede a la Consejería de Educación todas las instalaciones y equipamientos municipales donde se venía impartiendo la doble titulación, asumiendo la Consejería la impartición de las enseñanzas necesarias para la obtención de las titulaciones por los alumnos matriculados ya en el último curso.

Una subrogación que, según afirma sentencia, la Consejería emprendió “con el fin de remediar y paliar los daños causados emprende toda una serie de actuaciones dirigidas a que los alumnos no pierdan los estudios y el curso que ya estaban realizando”.

El proceso de subrogación así iniciado culminó con la resolución de fecha 14-11-2011 de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación donde se acuerda extinguir a partir del curso 2011-2012 la autorización de todas las enseñanzas que la Fundación Virtus venía impartiendo, pero al mismo tiempo la Consejería en la corrección de errores dispone que la extinción de la autorización del centro privado por cese de su actividad educativa, “plantea la necesidad de escolarizar al alumnado afectado al objeto de garantizar la continuidad de las enseñanzas que éste venía cursando”.

En dicha corrección de errores se resuelve al mismo tiempo autorizar a partir del curso 2011-2012, la implantación de los ciclos formativos de Grado Superior en mantenimiento aeromecánico y de aviónica en el Instituto de Educación Secundaria "Virgen de Gracia”de Puertollano nombrando la Consejería de Educación como gerente de estas enseñanzas al Director del Instituto e incorporando a dicho centro al profesorado de la Fundación que ejercía estas funciones educativas.

Por lo que, a juicio de los magistrados, “El interés público que subyace en esta actuación es evidente porque se pretende solucionar un problema que afecta al derecho a la educación del alumnado que cursa la citada oferta educativa y que, por razones ajenas al mismo, se ve privado de la posibilidad de finalizar la misma".

La sentencia relata además que “el desenlace del asunto tiene lugar cuando los cinco profesores contratados laborales que tiene la "Fundación Virtus", y que la Consejería integra en el claustro del Centro como condición imprescindible para que se puedan seguir con la docencia que se daba como centro homologado por AESA en orden a facilitar las titulaciones que se pretendían, no solo las de F.P. sino también las de la licencia LMA, se niegan a aceptar los contratos administrativos temporales que les ofrece la Administración. Este hecho se recoge en el fundamento de derecho cuarto de la sentencia de la Sala de lo Social de 19-9-2013 como la verdadera causa de los despidos que tienen lugar el 31-1-2012 en los siguientes términos "No podemos decir que existiera una reclamación y luego una posterior reacción derivada de la primera, sino que la contienda entre las partes con las sucesivas reclamaciones proviene de una misma situación indivisible: la negativa a asumir a los trabajadores de otra forma que no fuera novar su relación para convertirla en administrativa."

No obstante, y aunque la Consejería de Educación reacciona “de manera inmediata” ante el cese de los profesores sustituyéndolos por docentes del propio centro de la Junta que asumen la enseñanza de los despedidos, “esta reacción no impide ni evita hacer totalmente imposible la recuperación de la homologación del centro por parte de AESA (necesaria para la docencia dirigida a obtener las licencias LMA), por cuanto ese profesorado de sustitución no estaba especialmente autorizado por el citado organismos de control-AESA- para ese tipo de formación y a la Administración ante la urgencia que planteaba no suspender clases, dado lo avanzado del curso, y encontrar profesorado de reemplazo, le resultaba absolutamente imposible la sustitución por el idóneo y especialmente habilitado para esa formación tan específica”.

A juicio de los magistrados, “la Administración interviene para evitar unos daños causados a unos alumnos, ya consumados, y que le son ajenos, e imputables a un sujeto que no pertenece a la esfera administrativa que representa. Su actuación está dirigida a evitar esos daños adoptando todas las medidas a su alcance dirigidas a tal fin y cuando parecía que todo quedaría solucionado se encuentra con el obstáculo insalvable de la negativa imprevista del profesorado laboral a firmar unos contratos administrativos que se ofrecen dentro del marco regulatorio de los profesores especialistas al que pertenecen por la actividad laboral que venían desarrollando, que si bien no son satisfactorios desde el punto de vista de los derechos laborales en entredicho, sí nos sirven para descartar la antijuricidad de la conducta administrativa observada e imputar la responsabilidad, bien sea por el cese de las actividades docentes de una fundación ajena a la organización administrativa demandada, o bien, a la intervención de un tercero desencadenante, con ribetes de fuerza mayor por su carácter de irresistible, inevitable e imprevisible, de los daños y perjuicios ocasionados”.

Para finalizar, la sentencia dictamina la desestimación del recurso contencioso administrativo interpuesto sin pronunciarse en cuanto al pago de las costas procesales causadas, aunque contra la misma todavía es posible un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.