Ciudad Real

La propuesta de rechazar la petición contó con los votos a favor del PSOE

El Consorcio del SCIS rechaza el requerimiento de anulación de la OEP-2015 que solicitó delegación de Gobierno

La Oferta de Empleo Público convocada por el consorcio no se ajusta a la Ley General de Presupuestos

El consorcio alega el cumplimiento de una sentencia judicial anterior al escrito de Delegación de Gobierno para seguir adelante con la OEP

La Comarca

07/04/2017

(Última actualización: 07/04/2017 22:45)

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La Asamblea General del consorcio para el Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS) de Ciudad Real decidió el pasado miércoles rechazar el requerimiento de anulación de la Oferta de Empleo Público de 2015, solicitado por Delegación de Gobierno, en representación del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Según ha argumentado el presidente del consorcio, Julián Nieva, el organismo que preside actúa conforme a la sentencia judicial del 18 de octubre de 2016 (anterior al escrito de la Delegación de Gobierno que se adjunta), en la que se insta a continuar con la convocatoria de Empleo Público. Por ello, desde el consorcio del SCIS informan de que se remitirá el escrito de la Delegación de Gobierno al juzgado. En este documento, en cambio, se exige la comunicación de la anulación o su rechazo en el plazo máximo de un mes a la Subdelegación de Gobierno de Ciudad Real.

El consorcio podría aceptar esta anulación para que el proceso de oposición no avanzara, suponiendo la paralización del despido de 37 personas hasta que la situación de la OEP se aclare definitivamente. En ningún caso se ha decidido por parte del consorcio paralizar la OEP hasta que Delegación de Gobierno o los juzgados se pronuncien al respecto de su decisión de rechazo.

En el documento del Ministerio de Hacienda, a través de la Delegación de Castilla-La Mancha, se tiene en cuenta la apelación del presidente del consorcio acerca de cumplir una sentencia judicial, y a ese respecto se solicitó un informe a la Abogacía del Estado que concluye que «El deber que sobre el Servicio contra Incendios y de Salvamentos de la provincia de Ciudad Real pesa de cumplir la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo que se interpuso contra la oferta de empleo público para el año 2008 en nada afectaría a su obligación de someterse a los condicionantes exigidos en la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016». En sus consideraciones, el escrito de Delegación de Gobierno entiende que las bases de la convocatoria de 37 plazas de bombero como personal laboral del consorcio infringen la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y por ello, resuelve que el Consorcio del SCIS proceda a anular las bases citadas y la convocatoria de la OEP.

Oferta de empleo público controvertida

Desde su aprobación, varios grupos políticos representados en el consorcio protestaron por el temario inapropiado de la OEP; por no ajustarse a la tasa de reposición de efectivos; y por la arbitrariedad de convocar únicamente 37 plazas, cuando toda la plantilla (150 trabajadores) es indefinida. El sindicato CSI-F presentó un documento en la Subdelegación de Gobierno de Ciudad Real que originó el documento de Delegación de Gobierno.

Además, surgen dudas acerca de la legitimidad de la Oferta de Empleo Público, debido a la lucha judicial que durante años se vive dentro del consorcio con motivo de la misma, que supone el despido de 37 bomberos cuyas condiciones laborales son idénticas a las del resto de compañeros. En los términos en que ahora mismo se encuentra la OEP, esta privaría a los 37 compañeros afectados de sus méritos por más de 20

años de servicio público, vulnerando así el Convenio Colectivo. No es aclaratoria tampoco la figura de Julián Nieva, presidente del consorcio, el cual votó en contra de la ratificación de la OEP en la reunión de la Comisión paritaria celebrada el 29 de marzo.

Desde la Plataforma de Bomberos de Emergencias de Ciudad Real, creada por los 37 bomberos afectados por el trato discriminatorio que implica la actual OEP, insisten en la necesidad de aumentar la plantilla del consorcio, por lo que cualquier despido supondría agravar la situación que vive el SCIS y deteriorar un servicio público necesario.