Región

María Díaz asegura los desahuciados “no necesitan una oficina, necesitan una vivienda”

El grupo ciudadano de Vivienda de Podemos tilda como “insuficientes” las oficinas antidesahucios del Gobierno

El grupo de estudio asegura que solo se centralizan recursos ya existentes por lo que apuesta por crear una nueva ley e incluir el derecho en el Estatuto

La Comarca

21/10/2015

(Última actualización: 21/10/2015 22:55)

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El grupo ciudadano de estudio de Fomento y Vivienda que colabora con Podemos ha tildado como “insuficientes” las nuevas oficinas de intermediación hipotecaria que ha presentado hoy el Gobierno de García-Page. Mario Magán, uno de los integrantes de este grupo, ha explicado durante la tercera Rueda Ciudadana de Podemos que, “aunque sobre el papel las oficinas son un avance y es algo que se venía reivindicando, una vez leído vemos que solo se centraliza lo que ya existía”.

Magán ha explicado que las oficinas solo contemplan concentrar el trabajo de trabajadores sociales y abogados que ofrecen asistencia jurídica gratuita, unos recursos que, aunque necesarios, ya han demostrado ser “ineficaces e insuficientes para solucionar el problema”. El miembro del grupo de estudio de Podemos ha defendido que lo que realmente hace falta es crear una ley de Vivienda que asegure este derecho fundamental. Mientras tanto, Magán asegura que los abogados que participen en estas oficinas “tienen las manos atadas por la ley hipotecaria y la ley de enjuiciamiento civil”. Por otra parte, la labor que pueden realizar los trabajadores sociales también se queda corta, ya que solo pueden conseguir moratorias temporales a familias en situaciones de exclusión social.

Para Mario Magán, la única novedad que traen consigo las oficinas de intermediación es la creación de la figura del abogado negociador, que consiste en dar al abogado de oficio el papel de mediador con la entidad bancaria. El problema, según el miembro del grupo de estudio, es que si no se crean elementos de presión a los bancos, el abogado “es un mediador sin medios, porque no tiene nada que poner en el otro lado de la balanza cuando se negocia”. Magán también ha apuntado que no se ha desarrollado ninguna formación específica para estos abogados y que tampoco se han dejado claros los criterios de selección que se deben seguir para elegir a las personas que van a elegir para realizar esta tarea.

En lo que respecta a la participación de las PAH en las oficinas, Magán defiende que el papel que se le ha reservado finalmente está “bastante lejos de lo que han venido reivindicando durante estos años”. Este experto en vivienda ha explicado que la demanda de colectivos como la PAH y otros similares era crear una oficina integral “que se dedique a la protección del derecho constitucional a la vivienda, no solo para los hipotecados, sino también para los alquilados, para las personas que viven en precario, etc.”.

Magán también ha defendido que el papel de la PAH no puede limitarse solo a conectar casos de personas en proceso de desahucio con las oficinas. “Si pasamos del enfoque de lucha colectiva y reivindicación a la oficina del trabajador social y abogado, pasamos del empoderamiento al asistencialismo y dejamos a los afectados sin recursos reales para afrontar este problema”, ha argumentado.

Además de señalar las limitaciones de las nuevas oficinas, Mario Magán ha presentado varias propuestas “a coste cero” para explorar y estudiar. Según la opinión del grupo de estudio ciudadano, las administraciones públicas de Castilla-La Mancha deberían “plantarse ante las entidades que siguen desahuciando y dejar de trabajar con ellas”. Además de no fomentar su negocio, el grupo apuesta por hacer público esta ruptura entre administraciones y bancos para dar a conocer cuáles son las entidades que se niegan a interrumpir los lanzamientos hipotecarios.

El grupo de estudio contempla por otro lado establecer una colaboración estrecha con las PAH para que su papel no se limite a la supervisión sino que se empleen sus métodos de empoderamiento y organización social.

Por último, Mario Magán considera como imprescindible que se realice una modificación legislativa que asegure el derecho a la vivienda y que este derecho quede blindado en el propio Estatuto de Castilla-La Mancha.

La secretaria de Rescate Ciudadano de Podemos, María Díaz ha asegurado que en esta situación “la gente desahuciada no necesita una Oficina, necesita una vivienda” y cree que por ahora no se están ofreciendo alternativas habitacionales de garantías suficientes.

El grupo ciudadano de estudio de Fomento y Vivienda está formado por personas que participan desde hace años en colectivos e iniciativas en favor del derecho a la vivienda y que actualmente acompañan y asesoran a Podemos en la materia. Díaz ha aprovechado la ocasión para invitar a todas las personas que puedan aportar su conocimiento en las distintas materias sobre las que trabaja Podemos a que colaboren con la formación y participen en las Ruedas Ciudadanas para hacer público su trabajo.