Opinión

Una ley injusta y hecha a medida de la ONCE

La Organización Impulsora de Discapacitados exige al Gobierno la reforma de la Ley del Juego del 2011 y el fin del monopolio

Tras realizar las gestiones pertinentes ante la Dirección General de Ordenación del Juego (Ministerio de Hacienda) y los Ministros de Sanidad e Igualdad y de Empleo y Seguridad Social, la OID inicia contactos con todos los partidos políticos para lograr la reforma de la Ley del Juego de 2011, hecha a medida de la ONCE y que facilita la desigualdad entre discapacitados

OID

27/08/2015

(Última actualización: 27/08/2015 20:24)

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La actual Ley del Juego de 2011, solo autoriza las loterías en España al Estado y a la ONCE, aunque nada impide al Estado designar a otros operadores para la comercialización de juegos que se desarrollen por entidades sin fines lucrativos y con finalidad benéfica.

Sin embargo la Administración niega, de modo sistemático, la entrada a otros operadores no otorgándoles el título habilitante que requiere la ley. En el caso de la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) lleva solicitando la oportuna autorización administrativa desde sus inicios, encontrándose la última solicitud en vía Contencioso.-administrativa.

En opinión de Dionisio González Otero, Presidente de la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), “esta ley que reafirma el monopolio del estado y de la ONCE, es contraria a los criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de muchos jueces españoles. La legislación del juego en España consolida un Monopolio que conculca varios artículos de la Constitución Española (los arts 7, 9.2, 9.3, 14, 35, 66.2, 81 y 134 entre otros) y contradice la normativa europea (Tratado de Roma y jurisprudencia al respecto) que prohíbe todo Monopolio, salvo por razones de ”excepción” (salud pública, incitación a gastos de juego excesivos, etc…), que en España no se dan; y con los requisitos de no discriminar y de no publicitar aquello que se prohíbe a otros (algo que el Estado tampoco cumple). Estos extremos fueron ya advertidos por la Audiencia Nacional en un Auto del 20 de Abril de 1.999 “.

Por lo tanto, la OID considera, y así lo defiende en los Tribunales, que la normativa española reguladora del juego es nula de pleno derecho, ya que las leyes europeas son de rango superior a las de los estados miembros, e igualmente aplicables en todos ellos que las normas de cada país. Este privilegio de la ONCE comenzó en el año 38, se mantuvo durante la Dictadura de Franco, y se ha consolidado en la ley de regulación del Juego 13/2011.

Una reforma necesaria: la ley actual atenta contra la libre competencia y discrimina a los discapacitados

El Estado (el Gobierno) sostiene este Monopolio de la ONCE, a la que no solo libera de impuestos sino que subvenciona y paga sus deudas en detrimento de la libre competencia. No permite otras loterías benéficas, pero invierte en promocionar el boleto de la ONCE con cargo al bolsillo de todos los españoles.

El mercado tiene que cambiar. De hecho la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) refleja en su último Informe sobre el Proyecto de Real Decreto del 27 /Mayo/ 2015: “el juego, como actividad económica que es, debe ser ejercida libremente por los operadores, de conformidad con el principio de libertad empresarial constitucionalmente reconocido. Por ello, debe recordarse que una regulación innecesaria, desproporcionada o discriminatoria, además de suponer un obstáculo a la competencia efectiva, perjudicaría a los consumidores y al interés general. En el mismo informe, la CNMC considera “necesaria una mayor justificación de la calificación del Consejo de protectorado de la ONCE como Autoridad Reguladora del Juego”. “No se acierta a entender la racionalidad de equiparar el status del Consejo de protectorado de la ONCE, a una autoridad administrativa, la Dirección General de la Ordenación del Juego, por lo que se aconseja su replanteamiento”.

Además el Ministerio de Igualdad permite que se trate de una manera distinta a los invidentes españoles frente a los más de cuatro millones de discapacitados, abriendo a los primeros una alternativa digna de trabajo y negándosela al resto del colectivo de discapacitados.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social invalida las altas en la Seguridad Social de los vendedores de la OID, imposibilitando así cerca de cuatro mil puestos de trabajo legales.

LA OID siempre ha pedido la normalización legal de sus actividades y su control por el Estado en igualdad de condiciones con la ONCE, puesto que el colectivo de Discapacitados españoles es mucho más amplio del que la ONCE puede atender. “No estamos contra la ONCE, defiende Dionisio Gonzálz Otero, , sino a favor de trabajar en igualdad de condiciones. Una sola organización, que además ahora está despidiendo trabajadores, no es suficiente para atender las necesidades de los más cuatro millones de discapacitados españoles.

Por estos y muchos más motivos, la OID ha pedido ya al Gobierno, a través de la Dirección General de Ordenación del Juego, el Ministerio de Sanidad e Igualdad y la Ministra de Empleo y Seguridad Social reuniones para discutir este problema.

Y ahora se dirige a todos los partidos políticos españoles para mantener reuniones con sus responsables que conduzcan a la derogación o sustancial reforma de la actual Ley de Ordenación del Juego.

Sobre la OID

La Organización Impulsora de Discapacitados (OID) es una organización benéfica, sin ánimo de lucro, dedicada a la integración social, laboral, política, deportiva y cultural de todas las personas con discapacidad. Es una asociación legal, inscrita en el Ministerio del Interior, y dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en el que declara por la actividad de “organización y celebración de apuestas deportivas, loterías y otros juegos de azar” (epígrafe 982.5). Comercializa el Euroboleto de la OID y el Busca OID, productos que dotan de ocupación e ingresos fijos a gran cantidad de personas con discapacidad, ya sea física, intelectual, sensorial o social.

Todos los beneficios que se obtienen a través de estas iniciativas están destinados a la promoción y gestión de actividades que permitan crear bienestar social y mejorar la calidad de vida de discapacitados. Desde la OID, además, se lucha por defender sus condiciones de trabajo y se apuesta por su formación y educación para impulsar su normalización laboral y una plena integración social.

La OID está presente en todo el territorio nacional, a través de sus más de 120 oficinas repartidas por España y en la actualidad cuenta con casi 4.000 trabajadores.