Región

Según informan en una nota de prensa

El TSJCLM da la razón a FSP UGT CLM y condena a la Junta a readmitir a los interinos despedidos tras la orden de agosto de 2012

La Comarca

27/01/2014

(Última actualización: 28/01/2014 08:13)

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La Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha ha fallado a favor en el recurso presentado por la Federación de Servicios Públicos FSP UGT Castilla-La Mancha contra la Junta de Castilla-La Mancha, por lo que declara nulas las órdenes 20/08/2012 reguladoras de las plantillas de funcionarios y del personal sanitario, veterinario y de farmacia de la Administración Regional, al tiempo que condena a la Junta a readmitir a los interinos despedidos por la aplicación de esa orden y a pagarles los salarios adeudados desde esa fecha, así como al pago las costas procesales.

La sentencia del TSJCLM, correspondiente al auto 434/12, al que se sumó el 432/12 registrado por el sindicato STAS CLM, declara nulas de pleno derecho las disposiciones de la Administración regional recurridas “por mediar vulneración del artículo 28.1 de la Constitución”, algo que supone un serio correctivo al Gobierno regional “que no muestra ningún respeto por los representantes sindicales y por las mesas de negociación con la parte social”, según la Secretaria General de FSP UGT CLM, Carmen Campoy.

En su fundamento de derecho noveno, la sentencia recoge textualmente: “siendo exigible la negociación colectiva … el derecho de los sindicatos a la negociación no se satisface sin más con la apertura del proceso negociador y con la celebración de reuniones carentes de contenido real, ni se puede negar, obstaculizar o desvirtuar el ejercicio de dicha facultad negociadora, según palabras del Tribunal Constitucional”.

Para Campoy, el TSJ CLM “vuelve a dar la razón a FSP UGT CLM en un proceso en el que el Gobierno del PP pretendía imponer medidas lesivas contra los derechos de los empleados públicos”, al tiempo que pone en evidencia “la falta de respeto de los gobernantes del Partido Popular hacia los representantes legales de los servidores públicos, elegidos democráticamente en elecciones sindicales”.